El ejercicio de derechos
Los derechos son el resultado de las luchas por su consolidación. Como vimos en la primera clase, las leyes garantizan derechos, y para quienes formamos parte del sistema educativo, es fundamental conocerlos, valorarlos y enseñarlos en su dimensión histórica.
Es una invitación a que como ciudadanos/as y docentes nos pongamos esos “anteojos” que permitan preguntarnos cuándo, dónde y cómo se garantizan los derechos, quéderechos, y sobre todo quiénes están siendo privados de derechos.
Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en derechos suele ser una especie de “listado”. Los/as invitamos a repasarlo: derecho a la identidad, al buen trato, al acceso a la educación de calidad para todos/as, a servicios de salud también de calidad, a expresar las opiniones, a ser respetados/as en las elecciones que realizamos, a la integridad física, psíquica y moral, a la no discriminación, al acceso a la información….Cuando hacemos ese listado, se visibilizan situaciones y recursos a las que todos/as deberíamos acceder o tener (una educación de calidad), que no deberíamos padecer (como el maltrato), o que deberíamos disfrutar (vida segura y libre). Se trata de acciones, situaciones o dimensiones de la vida que requieren ser reconocidas especialmente. Estamos hablando de a qué personas o grupos se debe proteger ya que en general estos derechos surgen una vez reconocida la vulneración o falta de respeto a su integridad, en relación al resto de las personas o grupos. Tal es el caso, por ejemplo, de niños/as y adolescentes.
Escuela y derechos
La perspectiva de derechos pregunta, constantemente, si en la realidad se está concretando la premisa de que todos los seres humanos son iguales. Ahora bien ¿Cómo lo pensamos en la escuela? Recordemos, por ejemplo, cómo enseñamos sobre igualdad en los modos de participación estudiantil, es decir, cómo enseñamos a ser ciudadanos/as, o cómo construimos ciudadanía en la escuela. Algunos/as docentes entienden que la construcción de la ciudadanía en la escuela consiste en dejar que los/as chicos/as participen en cuestiones colectivas dentro de la institución. Pero no siempre estas acciones se relacionan con la generación de proyectos para la escuela, con la toma de decisiones sobre necesidades de la escuela y la comunidad, etc. Por un lado decimos que hay que participar, y por el otro, sin darnos cuenta a veces, limitamos esa participación a cuestiones poco relevantes.
Otro ejemplo: en una puesta en común de trabajos grupales intentamos que la palabra sea tomada por chicos y chicas, pero muy rápidamente vemos que son solo “algunos/as” y sobre todo “algunos” quienes toman la palabra. Allí es evidente que no basta con “dejar hablar” sino que es necesaria la intervención docente en el estímulo tanto de la circulación de la palabra como de la construcción colectiva de reglas que habiliten tiempos y turnos de intervención para que todos/as se animen y puedan participar.
En todos los casos, se trata de reconocer a niños/as y adolescentes/jóvenes como ciudadanos/as que tienen algo (mucho en realidad!) para decir y hacer en las instituciones escolares, y que es la escuela la que debe garantizar el derecho social a una educación que construya ciudadanía desde el nivel inicial. En nuestro país, en 2005, se sancionó la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los derechos del niño, niña y adolescente, que los/as reconoce como sujetos sin hacer distinción en niveles socioeconómicos, con igual derecho a dar su opinión y que la misma sea tenida en cuenta.
El reconocimiento de derechos implica avalar en el marco del Estado y sus políticas, una identidad, una práctica, un modo de vida, que en la mayor parte de los casos había sido considerada negativa o estaba invisibilizada. Pensemos por ejemplo en la situación de los pueblos indígenas, en la lucha por el reconocimiento de sus derechos (identidad, tierra, educación, etc.), o en la lucha por la inclusión real de las personas con distintas discapacidades, o en los/as inmigrantes.
La mejora de la situación de las mujeres luego de que fuera reconocido su derecho al voto en 1947 (La ley Sáenz Peña no era tan “universal”!) es un ejemplo de reconocimiento de derechos. Sin embargo, la inclusión del sector femenino en la vida política y económica a nivel local y mundial sigue siendo proporcionalmente muy inferior a la de los varones, por más que en los últimos años haya habido importantes cambios (observemos la foto de los líderes de una reunión internacional, el “G-20”del poder financiero: ¿Cuántas mujeres ven?). Por eso, si bien en general los derechos son reconocidos y avalados jurídicamente, es necesario sostenerlos, exigirlos, promoverlos. Y también enseñarlos desde la escuela, tanto en su formulación explícita (o sea, que podamos “enunciarlos”) como en todas las dimensiones en que se puedan ejercer en la vida institucional.
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